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Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
El Gobierno de España ha aprobado tres importantes normas jurídicas que contribuyen al desarrollo de la rehabilitación y eficiencia energética en España. Son el R.D. por el que se aprueba la Certificación Energética de Edificios nuevos y existentes, el R. D. que modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
La Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, modifica varias leyes y reglamentos técnicos como la Ley de Ordenación de Edificación, la Ley del Suelo, la Ley de propiedad Horizontal o la Ley Concursal, para fomentar la conservación de edificios y sus entornos, asociada a la eficiencia energética y a la accesibilidad. Además establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio, a las más complejas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades.
La Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, modifica varias leyes y reglamentos técnicos como la Ley de Ordenación de Edificación, la Ley del Suelo, la Ley de propiedad Horizontal o la Ley Concursal, para fomentar la conservación de edificios y sus entornos, asociada a la eficiencia energética y a la accesibilidad. Además establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio, a las más complejas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades.
Descargar la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas - BOE 27 de junio de 2013- pdf
Estas operaciones buscan contribuir al fomento de la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación como en el suelo, y acercarán nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia y ahorro energético.
La nueva ley prevé la rehabilitación obligada para los edificios que superen los 50 años -unos tres millones de viviendas- de aquí a 2018, a los que se aplicará un nuevo sistema de inspección de edificios, el nuevo Informe de Evaluación de Edificios (IEE) que terminará sustituyendo a las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE).
También simplifica el concepto de obra rehabilitación para que reformas menores opten a ayudas públicas, reformulará los sistemas de mayorías dentro de las comunidades de propietarios y sentará las bases para la introducción del sector privado en la gestión de proyectos urbanísticos.
Resumen de novedades más relevantes de la nueva ley de Rehabilitación
- La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que al estado compete establecer.
- La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que trata de superar las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), demandada por el estado a partir del real decreto ley 8/2011.
- Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.
- Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. De manera especial, se introduce la figura de "la memoria de viabilidad económica" que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
- Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la ley de propiedad horizontal. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las administraciones públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias.
- Se establece un régimen sancionador en materia de certificación energética, que establece multas de hasta 6.000 euros, catalogando las sanciones entre leves, graves y muy graves.
